Dos hechos ocurridos el fin de semana, separados por miles de kilómetros, muestran el difícil panorama que enfrenta México en su relación con Estados Unidos.
El sábado entraron en vigor aranceles del 50 por ciento sobre productos canadienses, por un valor de casi 20 mil millones de dólares. Ese mismo día, Rubén Rocha Moya retomó la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia.
Aunque parecen eventos sin conexión, juntos revelan el terreno complicado sobre el que México tendrá que negociar con Washington en los próximos meses.
Canadá siguió prácticamente todas las recomendaciones de un negociador prudente. Hace un año retiró la mayoría de sus represalias arancelarias contra Estados Unidos. En semanas recientes negoció intensamente con el equipo de Jamieson Greer, el representante comercial estadounidense.
Según trascendió, llegaron a trabajar sobre un borrador que reducía los aranceles al acero y aluminio canadienses a 25 por ciento, y a 15 por ciento los aplicados a automóviles. Prácticamente las mismas concesiones que México busca para esos sectores.
Sin embargo, el acuerdo se cayó en la última noche. Greer acusó a Ottawa de negarse a firmar en los términos pactados. El primer ministro Mark Carney respondió que las condiciones eran injustas y anunció represalias. Los aranceles se aplicaron bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, un instrumento que ningún presidente había usado en casi un siglo.
El caso canadiense deja dos lecciones claras. Primero, con esta administración estadounidense, los acuerdos preliminares pueden desaparecer en horas. Segundo, las concesiones compran tiempo, pero no certidumbre.
Ahí entra el caso de Sinaloa. Mientras Canadá negociaba, Rocha Moya anunció su regreso a la gubernatura. Argumentó que la Fiscalía General de la República no encontró elementos de prueba en su contra.
Pero la acusación de la fiscalía de Nueva York sigue vigente, la solicitud de extradición no se ha ejecutado, y la Secretaría de Gobernación calificó el regreso como una «decisión personal». Incluso 23 gobernadores del oficialismo le pidieron actuar con responsabilidad.
El Departamento de Estado reaccionó recordando que el Cártel de Sinaloa «no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos». Para México, esto complica aún más cualquier negociación comercial, cuando Washington puede señalar con el dedo casos de presunta corrupción ligada al narcotráfico en el gobierno mexicano.
Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2026/08/22/mexico-entre-trump-y-rocha-moya/
