El Congreso de Jalisco comenzó a evaluar los daños que sufrió el Palacio Legislativo durante la manifestación del domingo pasado. El objetivo es cuantificar las afectaciones, reparar el edificio histórico y presentar las denuncias correspondientes.
La presidenta de la Mesa Directiva, Alondra Fausto de León, confirmó que se emprenderán acciones legales contra los responsables. Sin embargo, aclaró que el Congreso respeta la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de manera pacífica.
La legisladora enfatizó que el recinto permanece abierto a las expresiones ciudadanas, pero también debe proteger el patrimonio histórico y garantizar la seguridad de quienes trabajan y visitan el lugar.
El secretario general, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, detalló que los principales daños se concentran en la puerta de madera del acceso sobre avenida Hidalgo. También resultaron afectados elementos de cantera, ventanas y la estructura del balcón del segundo nivel.
Además, se reportaron daños en la fachada de la calle Independencia y en mobiliario cercano a los puntos donde se registraron incendios y detonaciones durante los disturbios.
Como el edificio está catalogado como patrimonio histórico, su rehabilitación requerirá procedimientos especiales de conservación. Esto es necesario para preservar su valor arquitectónico e histórico.
Para determinar con precisión la magnitud de los daños, el Congreso solicitará peritajes especializados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a Protección Civil y Bomberos.
Martínez Lomelí explicó que, desde que se conoció la convocatoria a la movilización, se pidió apoyo al Gobierno estatal. Se instalaron vallas y se desplegaron elementos de seguridad alrededor del recinto.
Estas medidas de prevención fueron clave para impedir que personas ingresaran al edificio y evitaron mayores daños en el interior del inmueble.
Los peritajes permitirán establecer el costo total de las reparaciones y definir las acciones administrativas, legales y penales que procedan contra los responsables de los destrozos.
El Congreso reiteró su compromiso de mantener las puertas abiertas al diálogo con la ciudadanía, siempre dentro del marco del respeto y la legalidad.
